TREINTA Y SIETE AÑOS DESPUÉS, EL CRIMEN SIGUE IMPUNE

Pedro Collado

Cipriano Martos, era asesinado, horriblemente asesinado, el 17 de septiembre de 1973. Sus asesinos son plácidos jubilados, han muerto en su cama como señores o siguen en activo ejerciendo con su “deber”.

Ya hemos glosado la figura y la entereza de nuestro camarada, ante la bestialidad de quienes cumplían con su “deber” en 1973. Nadie más que su camaradas, militantes del PCE (m-l), de aquel momento, y del FRAP y otros antifascistas recordaremos ese día, pero es suficiente. Nadie de la llamada izquierda institucional se acordará de Cipriano, ni de los antifascistas que dos años y 10 días más tarde serían fusilados en Hoyo de Manzanares, Cerdanyola del Vallès o Burgos, militantes del PCE (m-l) y del FRAP y de ETA. Ni de las personas que las fuerzas del “orden” franquista mataban a bocajarro en manifestaciones y detenciones; ni los “años de plomo” de la llamada transición. Esa izquierda, cómplice de la impunidad, palanganera de una ley de la memoria histórica pactista, que abre las puertas a la perversa teoría de los dos bandos y que califica de “terroristas y pertenecientes a banda armada” a quienes decidimos, en un momento dado, que había que defenderse y plantar cara a la ofensiva fascista de aquellos años con la violencia revolucionaria. Estómagos agradecidos con los poderes, a los que sirven de quita y pon, cuando a estos les interesa. Los mismos que critican los retrocesos sociales y, paradójicamente, han jugado un importante papel en la desmoralización y desmovilización de la ciudadanía. Aquellos que tratan de excesiva las palabras de Joan Tardà, de ECR, cuando critica a la monarquía borbónica o defiende la aplicación del principio de Verdad, Justicia y Reparación para acabar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad del fascismo franquista. Los de la teoría de que “una puerta abre otra” o de que “es mejor una ley de la memoria mala, que no tener ley alguna” o “como somos pocos, hacemos lo que podemos”. Los mismos torticeros que traicionaron a las entidades memorialistas “jurando por sus muertos” que no pactarían una ley injusta, mientras hacía el trabajo sucio a los socialistas. Los mismitos, que cuando salta el caso Garzón, se añaden a quienes defendemos, no tanto a Garzón, la aplicación de la legislación internacional sobre los crímenes de lesa humanidad del franquismo, sin “acordarse” de lo pactado en la nefasta ley de la memoria. Los que aprueban una Ley del Memòrial Democràtic de Catalunya, un organismo descafeinado, defensor, soto voce, de la teoría de las dos retaguardias, los dos bandos, vamos; un Memòrial con una deriva económica claramente clientelista y un director que a pesar de su discurso, parece más interesado en contentar a los futuros y posibles gobernantes de la Generalitat, la derecha nacionalista de CIU, que a las víctimas y las entidades memorialistas.

No importa, la historia coloca a cada uno en su sitio y los defensores de la “reconciliación nacional” del 56, siguieron una deriva que termina en la “reconciliación nacional” de la llamada transición y una influencia política que va a menos. Nosotros seguimos en la trinchera antifascista.